Los avances económicos y sociales en España han incrementado la esperanza de vida de sus ciudadanos, alcanzando los 83,07 años en 2022 de media. Esto ha llevado a que el 6% de la población supere los 80 años, pero también ha provocado un aumento de enfermedades crónicas. A esta realidad se suma el hecho de que 4,3 millones de personas en el país sufren algún tipo de discapacidad, con un 60,9% de estos individuos teniendo 65 años o más. Como resultado, la demanda de cuidados para personas mayores ha aumentado, haciendo de las residencias un servicio esencial.

Un reciente informe del "Observatorio del sector sociosanitario privado", presentado en Madrid por la Fundación IDIS, destaca la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de salud, respaldada por presupuestos adecuados. Actualmente, el 87% de las personas mayores que requieren cuidados no reside en centros especializados, y el cuidado recae principalmente en cuidadores informales, a menudo con escasos recursos. Solo el 29% de los dependientes recibe prestaciones públicas, lo que refleja la insuficiencia de la financiación pública para satisfacer las crecientes necesidades.